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Nadie puede entrar ni salir del puerto de Necochea, a pesar de que estamos en 2026 y se registra la mayor cosecha de granos de la historia, que superará los 160 millones de toneladas. En este contexto, se requiere disponer de toda la infraestructura exportadora disponible. Sin embargo, un grupo de transportistas que se autodenominan “autoconvocados” bloquea completamente el movimiento, aunque aseguran estar detenidos solo a la vera de los caminos.
Se trata de un grupo reducido que ejerce violencia contra quienes no aceptan este paro con bloqueo. En la madrugada del 22 de abril, incluso, fue incendiado un camión. El conflicto comenzó hace más de 15 días, un período prolongado para el flujo de mercadería hacia el puerto, cuando se desató un paro nacional de camioneros que reclamaban un aumento en las tarifas de transporte, debido al incremento en el precio de los combustibles motivado por la guerra en Medio Oriente y la subida del barril de petróleo.
No obstante, esta problemática se solucionó en gran parte del país tras llegar a un acuerdo entre los representantes de los transportistas y los dadores de carga —productores, acopiadores y exportadores— que estableció un aumento del 14% en la tarifa de la Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas (CATAC), vigente desde el 10 de abril. Esta tarifa, aunque no es obligatoria, ha sido la referencia en el transporte de granos durante décadas.
La actitud rebelde de estos “autoconvocados” no solo genera pérdidas económicas de diversa índole, sino que también altera el orden social necesario en el país. Entre los daños económicos se cuentan barcos desviados para completar carga en Brasil o en Bahía Blanca; aumento en los costos de flete para los productores que deben enviar sus granos a otros puertos; días sin actividad en las terminales de Necochea; y demoras en el ingreso de divisas, entre otros.
Lo más incomprensible es la inacción de las autoridades responsables de garantizar el cumplimiento de la ley y el orden. Ni la justicia ha intervenido ni los gobiernos nacional y provincial han adoptado medidas para desactivar este bloqueo, que afecta un puerto crucial para el comercio de granos. Este pequeño grupo, que desestima los acuerdos consensuados, sostiene que los precios del gasoil han superado el 14% acordado; sin embargo, parece desconocer o rechazar el tipo de convenio vigente, que implica tarifas de libre contratación entre transportistas y dadores de carga, con el Estado desempeñando únicamente un rol de mediación.
La solución pasa por que las autoridades correspondientes garanticen la libre circulación del tránsito, como lo establece nuestra Constitución Nacional, tanto en rutas provinciales como nacionales, y que los fiscales actúen de oficio para hacer cumplir la ley.
(*) El autor fue subsecretario de Mercados Agropecuarios.