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Dos policías de San Francisco del Chañar, Córdoba, están siendo investigados tras la denuncia de una mujer con una cuenta de contenido para adultos, quien afirmó haber sido obligada a mostrar fotos íntimas almacenadas en su teléfono celular. La víctima permanece internada luego de un intento de suicidio.
Según explicó el abogado de la denunciante, Ignacio Almada Vargas, el pedido de los policías ocurrió en el marco de una investigación por un presunto robo, en la que la mujer «ni siquiera está imputada». Los efectivos enfrentan acusaciones por «abuso de poder y mal desempeño de sus funciones».
Almada Vargas relató en diálogo con El Doce que su clienta fue encerrada e interrogada como forma de presión para que se autoincriminara. Durante ese proceso, sostuvo, los agentes la habrían forzado a mostrar en su celular material privado ajeno al caso investigado.
“El mal desempeño de los deberes públicos por parte de la Policía quedó evidenciado, ya que mi clienta no está imputada”, señaló el abogado a La Voz.
El episodio se registró en el domicilio de la mujer, donde las autoridades secuestraron dos teléfonos iPhone usados, un vehículo y otros elementos relacionados con la pesquisa por el supuesto robo.
“En una investigación por robo no hay justificación para vulnerar la intimidad de una persona ni exigir que exhiba su cuerpo mediante imágenes o videos”, enfatizó Vargas, quien agregó que la víctima se encuentra internada tras haber intentado quitarse la vida como consecuencia de lo ocurrido.
La fiscal de Deán Funes, Analía Cepede, está a cargo de la causa y analiza por separado ambos hechos.
En declaraciones a Radio Mitre Córdoba, la fiscal explicó: “Aunque sea testigo, se puede secuestrar un celular. Sin embargo, cuando se trata de un sospechoso, no se puede obligar a entregar un dispositivo móvil porque ampara su derecho a la intimidad y a la defensa. Lo primero que se debe precisar es en qué calidad se encontraba la persona”.
Cepede agregó que “nunca hay obligación de entregar un teléfono móvil por el derecho a la intimidad, y su apertura sólo se permite mediante autorización judicial”.
Finalmente, advirtió que, de confirmarse la conducta de los policías, la figura penal aplicable sería “abuso de autoridad”.