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El Gobierno del Chaco la cesanteó tras un sumario que concluyó que recetaba psicofármacos y atendía pacientes sin matrícula habilitante. También hay una causa penal en investigación.
El Gobierno de la provincia del Chaco dispuso la cesantía de una trabajadora del Hospital «Dr. Félix Anselmo Pértile» de General José de San Martín, luego de que un sumario administrativo concluyera que prescribía medicación psiquiátrica a pacientes sin contar con matrícula profesional habilitante.
La medida fue oficializada mediante un decreto del Poder Ejecutivo, que aplicó la sanción disciplinaria a C.A.R., licenciada en Trabajo Social que se desempeñaba en el Servicio de Salud Mental del hospital.
Las irregularidades detectadas
Según surge de las actuaciones administrativas, la investigación se inició tras un informe elevado por el entonces director del hospital, quien alertó a las autoridades sanitarias sobre conductas presuntamente irregulares en el ejercicio de funciones dentro del área de salud mental.
De acuerdo con el expediente, la agente habría realizado tareas que excedían su competencia profesional, entre ellas: atención clínica a pacientes, indicaciones de internación y manejo y prescripción de medicación psiquiátrica. Estas prácticas, según se detalla en el decreto, requieren habilitación profesional específica, la cual la trabajadora no poseía.
Las sospechas surgieron además por reclamos internos del personal del hospital y observaciones realizadas durante una visita del Órgano de Revisión de Salud Mental, que detectó falencias en la prestación del servicio y recomendó medidas urgentes para garantizar el acceso adecuado a la atención.
Recetas rechazadas y denuncias
La investigación también incorporó informes del Programa Federal Incluir Salud, que reportó rechazos reiterados de recetas emitidas para pacientes de salud mental. Según se indicó, las prescripciones presentaban inconsistencias en la letra, datos de pacientes, dosis y firmas, lo que motivó observaciones por parte de las auditorías médicas.
A su vez, la encargada de Farmacia del hospital denunció que la agente solicitaba psicofármacos sin recetas válidas o sin la firma de un profesional habilitado.
En paralelo, el Colegio de Psicólogas y Psicólogos del Chaco confirmó que la trabajadora no estaba matriculada como psicóloga, pese a que algunos pacientes afirmaron haber sido atendidos por ella bajo el título de «Licenciada en Psicoanálisis», una denominación que la institución señaló como inexistente dentro del marco legal de la profesión.
Sumario y causa penal
Ante estos antecedentes, la Subsecretaría de Red de Servicios de Salud ordenó la instrucción de un sumario administrativo, que posteriormente fue tramitado por la Dirección de Sumarios. Durante el proceso, la agente fue citada a declarar en calidad de imputada, pero no se presentó ni ofreció pruebas en su defensa, pese a haber sido notificada formalmente.
En paralelo, se inició una causa penal en la Fiscalía de Investigaciones Nº 2 de General San Martín, caratulada a partir de actuaciones elevadas por la dirección del hospital, para determinar si los hechos investigados constituyen delito.
Esa investigación penal continúa actualmente en etapa de investigación preparatoria.
La sanción
Tras analizar las pruebas reunidas en el expediente, la Asesoría General de Gobierno recomendó aplicar la sanción expulsiva de cesantía, al considerar acreditado que la agente realizó funciones ajenas a su título profesional, incluyendo la prescripción de medicación psiquiátrica.
El decreto firmado por el gobernador establece que la trabajadora transgredió normas de ética y transparencia en la función pública, así como disposiciones del Estatuto del Personal de la Administración Pública Provincial.
La sanción se hará efectiva a partir de la notificación del decreto, que dispuso su separación definitiva de la administración pública.
Más allá de la sanción administrativa, el expediente remarca que la investigación penal sigue en curso, por lo que la Justicia deberá determinar si las conductas investigadas configuran delitos vinculados al ejercicio indebido de funciones en el sistema de salud.